JULIETA ROCHA. INFORURAL.
Representantes del gobierno federal e integrantes del sector privado, coincidieron en que sería funcional realizar un cambio en la legislación para que los jóvenes puedan ser empleados en áreas del campo desde los 16, años, ya que actualmente en México está prohibido a las empresas o productores contratarlos al ser considerarse actividades de riesgo.
Durante el Foro: “Oportunidades laborales para jóvenes en el sector agropecuario”, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), su presidente Juan Cortina Gallardo, manifestó que en México existen jóvenes de 16 y 17 años, que no pueden tener una oportunidad laboral en las actividades agropecuarias por estar consideradas de alto riesgo, pero que existen actividades, donde pueden desarrollarse sin poner en riesgo su seguridad o su salud.
“Es por ello que estamos a favor de que se legisle en la materia, para por una parte se permita a estos jóvenes laborar en el sector, delimitando obviamente sus labores a actividades que no representen un peligro para ellos. Desafortunadamente los jóvenes buscan en actividades ilícitas fuentes de ingreso para salir adelante”, resaltó.
Actualmente, existe una iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, y que se encuentra en el Senado dentro de una minuta en Comisiones de Trabajo, que presentó la legisladora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, misma que busca modificar la edad mínima para que los jóvenes puedan laborar plenamente en el campo del país.
En su participación, el presidente de la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (Ahifores), Armando López Orduña, dijo que se debe colaborar conjuntamente entre los actores relevantes del país para fomentar mejores leyes que ayuden a los jóvenes a poder trabajar en actividades formales.
“Buscamos fomentar el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, para evaluar y modificar si es necesario el marco jurídico regulatorio mexicano respecto a la edad mínima para trabajar en las actividades agrícolas. Que la clasificación de actividades no riesgosas dentro de la agricultura, que nos permita identificar y regular aquellas en donde sí se permite el trabajo de jóvenes de 16 a 17 años”, comentó.
Puntualizó que con la participación de especialistas, agroindustria y autoridades se conjuntarán esfuerzo en la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del campo y sus familias.
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, sostuvo que empezar a discutir temas claves desde una perspectiva diferente llevará a encontrar los mecanismos para tener mejores condiciones en las actividades productivas del sector agropecuario y pesquero, donde incide la toma de decisiones en la transformación del país, desde la raíz.
Reconoció que la legislación ha quedado corta entre la realidad y las condiciones laborales en el sector, por lo que tenemos desafíos importantes, y estamos obligados a realizar las modificaciones necesarias, con el objetivo de encontrar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores del campo.
“Celebro que estén aquí los Senadores, porque serán ellos quienes habrán de tener que, después de escuchar a varios especialistas, darle cabida a una nueva legislación si ese fuese el caso, para poder adaptarla a la realidad y poder seguir caminando para que nuestra regiones en México no crezcan con las desigualdades que a lo largo del tiempo han crecido”, comentó.
Por su parte, a través de un video mensaje, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula expresó el compromiso de la dependencia federal con el desarrollo con justicia en el campo mexicano.
Sostuvo que el objetivo es brindar más y mejores oportunidades de trabajo para los jóvenes de las zonas rurales y bienestar para los jornaleros agrícolas, quienes son esenciales para que México siga siendo referente mundial en la producción y exportación de alimentos.
«Para avanzar en este propósito, Agricultura realizará, con base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el análisis tanto del territorio, como de las zonas de producción y de los productos agrícolas de consumo nacional y exportación, en donde laboran jornaleros agrícolas migrantes», indicó.
Destacó la importancia de promover y proteger los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, de garantizarles salario justo, condiciones favorables de empleo y vida digna, a través de la normatividad laboral, para ampliar las oportunidades en el sector agropecuario.
Villalobos Arámbula anotó que las actividades de los jornaleros agrícolas son un componente esencial, ya que contribuyen a que en México se garantice la seguridad alimentaria y el país se mantenga como uno de los principales exportadores de agroproductos.
Aseguró que la ampliación de las oportunidades de trabajo para los jóvenes en el campo mexicano y la garantía de sus derechos laborales resultan imprescindibles para mantener al sector agroalimentario como opción productiva y de desarrollo con justicia para los trabajadores agrícolas y sus familias.
En su turno, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, en representación de la titular, Luisa Alcalde Luján, destacó que la incorporación al sistema de salarios mínimos profesionales del trabajo de jornalero(a)s agrícolas, colocación de vacantes en el Servicio Nacional de Empleo (SNE) e integración de la actividad agrícola en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) son acciones concretas para apoyar la empleabilidad de la juventud en el sector agropecuario.
Enfatizó la importancia de sumar a los jóvenes en las actividades productivas mediante la instrumentación de programas como el Servicio Nacional de Empleo, que incorporó a 233 mil personas, y Jóvenes Construyendo el Futuro, con la participación de 32 mil 509 centros de trabajo en el campo, gracias a los cuales se ha facilitado la integración de 261 mil 381 jóvenes, lo que significa 12% de los participantes.
Finalmente, Bolaños López lanzó la invitación a integrantes del sector agrícola a incorporarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro o acercarse a la STPS para trabajar en conjunto y brindar más facilidades para la incorporación de más jóvenes a este sector tan relevante para la sociedad y la economía del país.
Para finalizar la introducción de este foro que duró poco más de cuatro horas, el senador, Ricardo Monreal, explicó que la iniciativa mencionada tiene que ver con los jóvenes que se les impide trabajar en el campo, ya que actualmente la ley considera como labores peligrosas estas actividades.
“Esta ley tenemos que modificarla, para que los jóvenes puedan ser empleados de los 16, 17 y antes de los 18 años, que actualmente les está prohibido y las empresas, compañías o productores, no pueden contratarlos porque incurren en responsabilidad. Es una ley inadecuada, es un artículo fuera de contexto, y que empuja a los jóvenes a emplearse en actividades lamentablemente criminales porque no tienen acceso al mercado laboral, es un gran problema, que espero resolver en el próximo período de sesiones”, aseveró.
Más adelante, el representante de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Justino Herrera, se sumó a la petición de la modificación de la ley para que permita que los jóvenes se incorporen a actividades del campo que no representen riesgos, con salarios dignos, y que tengan acceso a seguridad social y derecho a la educación, y agregó “La ley no debe impedir libertad de trabajo”.
También manifestó estar de su acuerdo en modificar la legislación, ya que cuando se modificó la legislación anterior para que los jóvenes de 18 años no trabajaran se disparó la delincuencia, el pandillerismo, la drogadicción y los robos. Hoy existen jóvenes de 15, 16 o 17 años que son padres o madres y no pueden trabajar porque esa ley se los impide.
A su vez, el vicepresidente de Bienestar Laboral del CNA, Aldo Mares, señaló «estamos enfrentando la mayor escasez de mano de obra que hemos visto por diversos factores: la pandemia generada por Covid-19; los programas federales del gobierno que, al parecer, sí están funcionando y están llegando recursos a las personas, como Sembrando Vida, entre otros; y por las megaobras del sureste –Tren Maya– que dan empleo a muchas personas, por lo que el flujo migratorio de jornaleros agrícolas como lo conocíamos cambió y parece que la escasez de mano de obra seguirá en los próximos años».
«Esto, agregó, nos lleva a los empleadores a repensar cómo ser más atractivos; porque sí hay mano de obra, pero no quieren trabajar en la agricultura».
La senadora Nancy Sánchez Arredondo expuso que existe el riesgo de “arrebatar el futuro” a personas jóvenes y hay una afectación enorme en las familias. Agregó que la iniciativa en cuestión no solo implica la mano de obra que requieren los empleadores, sino hay una justificación social, que contempla trabajo digno, eliminar trabajo forzoso y adicionar a la ley del IMSS para que por primera vez los trabajadores agrícolas tengan seguridad social.
Por su parte, el dirigente de jornaleros, Gabriel Trujillo, se manifestó a favor de una iniciativa que favorezca e incluya en el mercado laboral a jóvenes de entre 16 y 17 años, cuidando la seguridad y salud de los trabajadores y que incluya aspectos sociales.
Puntualizó que en México los menores de 15 a 17 años pueden trabajar en condiciones propias y bajo permiso de los padres. Precisó que el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo establece que está prohibido el trabajo a menores de 18 años que implique actividades peligrosas para su salud, seguridad o moralidad y el artículo 176 establece el trabajo del campo como actividad peligrosa que impide que menores de 18 años trabajen en ese ramo.
Dijo que la escasez de mano de obra en campo amenaza real que ocasiona la inestabilidad laboral en zonas agrícola, ocasiona la pérdida de cosechas y es uno de los factores que se considera genera inflación global.
En el foro se indicó que las modificaciones referidas a la ley no contravienen el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual México está adherido, donde se establece los 15 años como la edad mínima de admisión al trabajo en general y que el empleo de los adolescentes debe darse bajo criterios de protección especial supervisados y controlados por los Ministerios de trabajo de los diferentes países y prohíbe el trabajo que realizan menores de 18 años, que por su naturaleza o las condiciones en las que se realice, pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad.
