JEFFREY D. SACHS. PROJECT SYNDICATE.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow sufrió la misma falta de confianza entre los países desarrollados y en desarrollo que ha agobiado las negociaciones climáticas globales durante casi tres décadas. El financiamiento está en el centro de la ruptura y ha llegado el momento de adoptar un nuevo enfoque.
NUEVA YORK. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), realizada en Glasgow, resultó insuficiente para alcanzar lo que se necesita para tener un planeta seguro, principalmente debido a la misma falta de confianza que por casi tres décadas ha afectado las negociaciones climáticas. Los países en desarrollo ven el cambio climático como una crisis causada en gran medida por los países ricos, a los que además ven reacios a asumir su responsabilidad histórica y actual por la crisis. Preocupados por acabar teniendo que pagar los costes, muchos países en desarrollo claves, como la India, no se sienten muy atraídos por negociar o participar en el diseño de estrategias.
Tienen razón… de hecho, tienen varias razones. No han pasado de largo la mezquina conducta de Estados Unidos en estas tres décadas. A pesar de las bellas promesas del presidente de EU y el enviado para el Clima, John Kerry, Joe Biden no ha podido hacer que el Congreso estadounidense adopte un estándar de energías limpias. Puede quejarse todo lo que quiera de China, pero tras 29 años de inacción parlamentaria desde que el Senado ratificara la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático en 1992, el resto del mundo ve la triste verdad: el fracturado y corrupto Congreso estadounidense sigue en manos de los intereses de las corporaciones petroleras y del carbón.
El financiamiento se encuentra en el centro de la ruptura geopolítica sobre el cambio climático. Los países en desarrollo ya están tambaleando bajo el peso de incontables presiones: la pandemia del Covid-19, la debilidad de sus economías, los desastres climáticos cada vez más frecuentes e intensos, las múltiples disrupciones de la era digital, las tensiones entre EU y China, y los altos costes de endeudarse a nivel internacional. Ven cómo los países ricos toman prestados billones de dólares en los mercados de capitales a tasas de interés cercanas a cero, mientras ellos deben pagar intereses de entre 5 y 10%, si es que se les conceden préstamos. En suma, ven que sus sociedades quedan cada vez más a la zaga de unos pocos países de altos ingresos.
Con este trasfondo de alta ansiedad económica, los países en desarrollo ven que los países ricos se niegan a hablar con franqueza acerca de la crisis de financiamiento que enfrentan a la hora de adoptar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático u otras necesidades urgentes. Ven que los países ricos gastan cerca de 20 billones de dólares adicionales en sus propias economías debido a la pandemia del Covid-19, pero que no cumplen su promesa –que data de la COP15, desde el 2009- de movilizar unos escasos 100,000 millones de dólares al año para la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo.
Por supuesto, es comprensible la reticencia de Biden sobre el financiamiento climático a los países en desarrollo. Los medios de comunicación nacionalistas estadounidenses lo atacarían si llamara a que Estados Unidos diera más ayuda a los países en desarrollo, y no ganaría nada por ello en el Congreso. Con una influencia global de Estados Unidos en descenso, los nacionalistas locales se han vuelto aún más agresivos hacia el resto del mundo. Los partidarios de “Estados Unidos primero” en el Congreso bloquearían cualquier nuevo proyecto en esa dirección.
Muchos gobiernos de Europa están en una posición similar, sosteniendo un equilibrio precario entre partidos nacionalistas e internacionalistas. Puesto que en todos ellos la pandemia del Covid-19 ha generado profundos déficits presupuestarios, varios parlamentos tienen pocas ganas de hacer más, especialmente cuando la Unión Europea ya destina una proporción del ingreso nacional bruto (cerca de un 0.5%) mucho mayor a la ayuda oficial al desarrollo que los Estados Unidos (apenas un 0.17 por ciento).
Eso nos deja entrampados entre la realidad de una devastadora crisis climática global y las controversias políticas nacionalistas de estos países, dejando el financiamiento climático a merced de los aportes que los ricos quieran hacer.
El resultado es un subfinanciamiento crónico de los bienes públicos globales, como son un clima seguro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las vacunas contra el Covid-19. Los líderes como Biden pueden rogar a sus legislaturas que sean responsables, pero al final del día los parlamentarios encuentran más réditos políticos en vociferar contra los extranjeros “que no se merecen nada”.
Los fracasos financieros de la COP26 son al mismo tiempo trágicos y absurdos, y van mucho más allá del fracaso más amplio de movilizar los 100,000 millones de dólares anuales prometidos. Piénsese en el tan alabado Fondo de Adaptación Climática, creado para ayudar a los países en desarrollo a cumplir sus necesidades de adaptación y que reunió apenas cerca de 356 millones en compromisos en la COP26, o alrededor de cinco centavos por habitante de los países en desarrollo del planeta.
Peor todavía le fue al financiamiento de “pérdidas y daños”, es decir, fondos para la recuperación y reconstrucción tras desastres climáticos: los países ricos solo acordaron sostener un “diálogo” sobre el tema.
Este voluntarismo financiero debe acabar. Necesitamos una fórmula global que asigne responsabilidades a cada país rico. Al menos así la comunidad global podría contar con una referencia para exigir medidas a países rezagados como Estados Unidos.
Aquí va un enfoque directo y trabajable. Para ayudar a financiar la transición a energías limpias (mitigación) y la resiliencia climática (adaptación) en los países en desarrollo, se podría cobrar a cada país con altos ingresos 5 dólares por tonelada de dióxido de carbono emitida. A los países de ingresos medios se les cobraría 2.5 dólares por tonelada. Estos gravámenes por CO2 debieran comenzar lo antes posible y elevarse gradualmente, duplicándose al cabo de cinco años.
Los países podrían pagar fácilmente esas modestas sumas con las utilidades logradas con los impuestos al carbono y las subastas de permisos de emisión, ambas de las cuales tendrán un precio por tonelada de CO2 mucho mayor que el gravamen.
Los países de altos ingresos emiten actualmente alrededor de 12,000 millones de toneladas de CO2 al año, y la cifra correspondiente a los de ingresos medios a altos es de 16,000 millones de dólares anuales, por lo que los pagos por carbono ascenderían a cerca de los 100,000 millones de dólares al comienzo, y se duplicarían tras cinco años. Los fondos se destinarían a países de ingresos bajos y medio bajos, así como a países específicos con vulnerabilidades climáticas especiales (como los pequeños estados-isla que enfrentan niveles del mar en ascenso y ciclones tropicales más intensos).
Supongamos que la mitad de los fondos (inicialmente 50,000 millones de dólares) se distribuye como subsidios directos y el resto se inyecta a los bancos de desarrollo multilaterales (BDM), como el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, como capital nuevo para respaldar la financiación climática. Los BDM podrían usarlo para captar fondos en los mercados de capitales, apalancando los nuevos 50,000 millones de dólares en quizás 200,000 millones en bonos verdes, que prestarían a los países en desarrollo para proyectos climáticos.
De esta manera, un modesto gravamen al carbono podría generar cerca de 250,000 millones de dólares nuevos en financiación climática anual, y tras cinco años se duplicaría para alcanzar cerca de 500,000 millones de dólares.
Para financiar las pérdidas y daños, se podría aplicar un gravamen adicional, no a las emisiones actuales sino a la suma de las emisiones pasadas, a fin de alinear las pérdidas y daños actuales con la responsabilidad histórica por el cambio climático de hoy. Por ejemplo, Estados Unidos es responsable de cerca del 20% del total de las emisiones de CO2 desde 1850. Si un nuevo Fondo Global de Pérdidas y Daños buscara recaudar, digamos, 50,000 millones de dólares anuales, el pago anual de Estados Unidos sería de 10,000 millones de dólares.
Por supuesto que no será fácil acordar principios de ingresos como estos, pero será mucho mejor esforzarse por crear un nuevo sistema basado en reglas que apostar al futuro del planeta al voluntarismo. La COP26 mostró definitivamente que pedir a políticos nacionales que voten por fondos voluntarios para lograr bienes públicos es un callejón sin salida. Los políticos de los países ricos tuvieron más de una década para concretar la financiación prometida, y fallaron. Un sistema basado en reglas, con un reparto de responsabilidades justo y transparente, es la manera de asegurar la financiación que necesitamos para la seguridad y la equidad en el planeta.
El autor
Jeffrey D. Sachs, profesor y director del Centro de Desarrollo Sustentable en la Universidad de Columbia, es presidente de la Red de Desarrollo de Soluciones Sustentables de la ONU, donde ha sido asesor de tres secretarios generales y actualmente se desempeña como Defensor de los ODS bajo el secretario general António Guterres. Sus libros incluyen The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy, A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism, y, más recientemente, The Ages of Globalization.
Traducido por David Meléndez Tormen
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