COLABORACIÓN DE INDIGNACIÓN A. C. y GREENPEACE MÉXICO, A. C. PARA INFORURAL.
Las granjas porcícolas en la Península de Yucatán se han convertido en un verdadero riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas. Su rápido y desordenado crecimiento ha traído consecuencias devastadoras como deforestación, fragmentación y pérdida de hábitat de especies presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010, contaminación del acuífero y el suelo con aguas residuales, emisiones de gases de efecto invernadero que empeoran el cambio climático, así como violaciones de los derechos humanos y constitucionales a un medio ambiente sano, a la salud y a la libre determinación, por solo mencionar algunos.
El caso de la granja porcícola en Homún es sin duda un caso emblemático que ha llegado hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En 2021 se confirmó la suspensión definitiva de la granja dada en 2018, atendiendo a la queja de niñas y niños mayas de Homún, otorgada por la jueza Miriam Cámara del Juzgado Cuarto de Mérida.
La granja Porcícola en Homún fue promovida por la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén (Grupo Porcícola Mexicano), y apoyada por el gobierno estatal, pese a los graves daños que esta granja de 49,000 cerdos puede causar a los cenotes y a las familias que se sustentan de ellos. Sin mencionar que Homún se encuentra en la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, Área Natural Protegida Estatal, y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, ambos reconocidos como sitios Ramsar para la protección de humedales de importancia global y que se verían afectados por dicha granja.
La batalla emprendida desde 2016 contra la mega-granja porcícola continua y la suspensión ratificada por la Jueza Cuarto de Distrito; por el Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentran en riesgo debido a que en la audiencia del día 3 de marzo del 2022, el Tribunal turnó al Juez Segundo de Distrito decidir si se mantiene la suspensión, a pesar de que no hay hechos nuevos.
Los derechos de las niñas, los niños y las comunidades mayas están en riesgo; y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota decidirá si mantiene la suspensión, garantizando la protección del medio ambiente, del patrimonio biocultural, los derechos humanos y la salud de la población; o si por el contrario defiende los intereses empresariales en caso de que retire la suspensión.
Se espera que el Juez Leal Mota garantice la libre determinación, el derecho al agua, a un medio ambiente sano, a la salud y no vote a favor de los intereses de unos cuantos tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores; como cuando en un amparo presentado anteriormente resolvió que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la mega-granja de PAPO era válida a pesar de presentar múltiples irregularidades, entre ellas, el hecho de que fue realizada y firmada por una cirujana dentista; o cuando en 2018 se negó a otorgar una suspensión en contra de la granja, justificando sus decisiones con el argumento de la creación de empleos, cuando la realidad es que desaparecerían más empleos de los que se crean, debido a que los cenotes que se afectarían son el sustento y medio de vida de familias enteras en Homún, lo cual no justifica que el proyecto siga adelante.
Si se retira la suspensión que mantiene cerrada la granja de Homún, implicaría que se reactiven las actividades de la mega-granja porcícola hasta que se resuelva el amparo lo que traería implicaciones desastrosas para los habitantes de Homún y el medio ambiente. Por tal motivo exhortamos a que se mantenga la suspensión definitiva; que se resuelva el caso a favor de la infancia y la población de Homún y con ello se garantice el derecho a un ambiente sano, a la salud, al agua y a la libre determinación.
