El jueves 15 de octubre de 2020, mientras el exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, era detenido por autoridades estadounidenses en California, la dependencia que alguna vez encabezó concluía una campaña de dos semanas de destrucción de cultivos de amapola y marihuana en la Sierra Sur de Oaxaca.¹ Aunque casi han pasado dos años desde que la administración federal cambió de manos, todo parece indicar que la política de drogas dictada por el Ejecutivo y aplicada por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) permanece inmutable, a pesar de los numerosos cuestionamientos sobre su eficacia y justificación.² En particular, la erradicación de cultivos ilícitos sigue materializando la doctrina de un Estado que afirma su presencia con botas y helicópteros en algunas de las regiones más marginadas del país.

Ilustración: Víctor Solís

Prueba de ello son los datos oficiales que indican que, de enero a octubre de 2020, las secretarías de Defensa Nacional (SEDENA), de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN) han destruido 2 055 hectáreas (has.) de marihuana y 10 300 has. de amapola en el país:³

Administración tras administración, la destrucción de amapola y marihuana es presentada en los planes nacionales de desarrollo, informes de gobierno, y ahora en conferencias matutinas, como resultado del gobierno federal en materia de seguridad. Ya en 1947 por ejemplo, el presidente de la República, Miguel Alemán, declaraba no sin orgullo ante el Congreso que “Fiel a sus inquebrantables propósitos y de que se acaten los compromisos internacionales, se logró la destrucción de varios plantíos de adormidera”.⁴

Una línea discursiva que no habría de romperse hasta más de 70 años después y que revela paralelismos históricos interesantes respecto al papel central de las FF. AA. en materia de seguridad. A Carlos Salinas, quien en 1993 afirmó que “Las Fuerzas Armadas son baluarte de la seguridad territorial”,⁵ López Obrador le responde en 2018 que “se van a seguir consolidando las Fuerzas Armadas, se va a fortalecer su grandeza porque van a ayudar en la tarea de la seguridad pública”.⁶

Es así como los gobiernos sucesivosconsolidaron la erradicación de cultivos ilícitos como una métrica de los resultados logrados en materia de seguridad, independientemente de sus agendas políticas. En documentos oficiales particularmente, la información estadística más antigua que logramos encontrar proviene del Quinto Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid, presentado en 1987:

A partir de este documento y de la estadística que fue sistematizada posteriormente, logramos reconstruir una serie de tiempo de la erradicación de amapola y marihuana en México durante los últimos 43 años. Ésta nos indica que la superficie de cultivos ilícitos que el gobierno federal declaró haber destruido anualmente creció hasta llegar a 56 619 hectáreas en 2003, y posteriormente se redujo (aunque con repuntes de 2014 a 2018) de manera que los primeros dos años de la administración de López Obrador presenta cifras similares a las que se registraron en los años 80.

Por otro lado, cabe resaltar que a partir de 2011 la marihuana representa una proporción cada vez menor del total de cultivos ilícitos destruidos. Este desinterés progresivo de las FF. AA. o de los propios agricultores por la producción del cannabis, coincide con el proceso de regulación legal de la sustancia que se ha implementado en los Estados Unidos,⁷ destino importante de las exportaciones mexicanas hasta entonces.⁸

Detrás de las cifras, las incógnitas

¿Cómo interpretar, sin embargo, que pese a los miles de militares y marinos enviados a “la Sierra”⁹ (7 254 a octubre de 2020)¹⁰ y los millones de pesos invertidos, se siga sembrando marihuana y amapola en México? Todo parece indicar que el cultivo sigue mientras es redituable y constituye uno de los pocos ascensores sociales accesibles.¹¹ ¿Pero entonces, por qué los gobiernos federales sucesivos se obstinan a invertir recursos en la erradicación de cultivos ilícitos? ¿Habrá otros objetivos (diferentes a la interdicción de producir sustancias ilegales) que, desde la perspectiva de los tomadores de decisión, justifican la continuación de este programa? Por supuesto, los convenios internacionales a los que se refiere Miguel Alemán en 1947 entran en la ecuación. Sin embargo, factores nacionales o incluso locales también podrían estar en juego.

En este sentido, el análisis de la distribución geográfica de la erradicación de cultivos ilícitos nos da elementos para reflexionar. Si observamos el mapa de los últimos veinte años de erradicación de amapola y marihuana en México podemos identificar una concentración importante del fenómeno en algunos municipios de los estados de la Sierra Madre Occidental (Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco) y de la Sierra Madre del Sur (Michoacán, Guerrero y Oaxaca). No resulta sorprendente encontrar territorios cuyas condiciones climáticas, topográficas y socioeconómicas, favorecen el cultivo de la marihuana y de la amapola.¹² Sin embargo, también resultaría interesante investigar qué factores políticos pudieron influenciar la decisión de desplegar el brazo armado del Estado en ciertas regiones del país.

Por ejemplo, desde una perspectiva histórica, varios estudios¹³ relacionan el despliegue de militares en Guerrero con una estrategia más amplia de represión política. Orraca (2012) argumenta que “el gobierno ha combatido con acciones de contrainsurgencia enmarcadas en el Plan DN-II” a movimientos guerrilleros socialistas surgidos a finales de los años 60¹⁴ y que “[b]ajo este mismo plan, el ejército se ha involucrado de manera creciente en el combate al narcotráfico, con el argumento de que representa una amenaza a la seguridad nacional”.¹⁵ Mora (2013) señala incluso que, en la Montaña guerrerense, “las tácticas de contrainsurgencia incluyeron la introducción de la siembra de la amapola a la región, […] justificando la permanencia de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana de los pobladores, y creando condiciones encaminadas a detonar procesos de fragmentación social”.¹⁶ Un argumento también retomado por Gaussens (2018): primero el apoyo tácito de las FF. AA. al cultivo de la amapola y luego las operaciones de erradicación de cultivos habrían servido de justificación para el envío de miles de soldados a un “bastión de la guerrilla de los años 70” (la región de la Sierra) y “una década después (…) en respuesta a los procesos organizativos de la Montaña Roja”.¹⁷

La discusión sobre la confiabilidad de estas cifras también está pendiente. ¿Qué tanto reflejan la realidad de los machetazos y de la aspersión aérea de herbicida en el campo? Uno podría pensar tanto en motivos de subregistro (tales como una opinión pública desfavorable u operativos realizados sin autorización), como de sobreregistro (resultados exigidos por la jerarquía o por el gobierno de EE. UU., por ejemplo) que, a escala local, nacional o internacional representan potenciales sesgos para la medición oficial de los hechos. Por otro lado, las dinámicas de violencia también varían según las relaciones de colaboración/conflicto que existen entre cultivadores y FF. AA. en el territorio. Mientras tanto, lo que sí nos indican las cifras oficiales, son los momentos y lugares en los que las FF. AA. tuvieron un interés en afirmar una presencia (real o simulada, violenta o no) ante comunidades y observadores externos.

Necesitamos entender los procesos de decisión de nuestro gobierno, de actuación de las FF. AA. y sus repercusiones en la vida de miles de personas en el campo.

Paul Frissard

Director de investigación y políticas públicas de MUCD. Es maestro en economía y políticas públicas y licenciado en ciencias políticas, ambos por Sciences Po París. Anteriormente, Paul trabajó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como consultor de la Unidad de Acceso a la Justicia y colaboró con el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (LAV-UERJ) como investigador visitante.

¹ Chaca, “Quema ejército 74 plantíos de amapola y 156 de marihuana en operativo en la Sierra Sur”, El Universal, 15 de octubre de 2020.

² El propio Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 planteaba un “cambio de paradigma en seguridad” que incluía “reformular el combate a las drogas” y que “el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan”.

³ En realidad, en algunas regiones muy específicas cuyas características serán abordadas en un segundo tiempo.

⁴ Informe del Presidente Miguel Alemán, 1 de septiembre de 1947, p. 360.

⁵ Presidencia de la República, 1993, Quinto informe de gobierno, p. 19.

⁶ Discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia de Salutación a las Fuerzas Armadas en Campo Marte, 2 de diciembre de 2018.

⁷ MUCD, 2020, Modelos de regulación legal del cannabis en Estados Unidos.

⁸ ONUDD, 2011, Informe Mundial sobre Drogas 2011, p. 194.

⁹ De acuerdo con entrevistas realizadas por Pablo Ferri y Ricardo López Cordero para el podcast La lista, “es una forma de decir que los militares se han ido a buscar cultivos de marihuana o de amapola para destruirlos”. La cita puede escucharse en el podcast La Lista, capítulo 1, del minuto 21:14 a 21:18.

¹⁰ Informe de seguridad presentado en la conferencia matutina del 21 de octubre de 2020.

¹¹ “Ante la crisis del campo, y a pesar de los altos costos de una posible represión, las rentas diferenciales de la ilegalidad hacen extenderse los cultivos ilícitos a lo largo del país” (cf. Gaussens, 2017, La otra montaña roja: el cultivo de la amapola en Guerrero, p. 51);
“The dangers that came with such cultivation –including jail, torture or even death– were outweighed by staggeringly high returns (of up to 20,000 pesos, or $10,050 dollars, a kilo)” (cf. Lecour et al., 2019, No more opium for the masses, p. 26);
“[C]omparando el precio que se le paga al campesino, la marihuana es 16 veces mejor negocio que la vainilla, el producto más caro, o 50 veces mejor que la almendra, el segundo mejor pagado. Con relación al maíz, la yerba se paga cerca de 300 veces mejor” (cf. Resa, 2005, Narcomex S.A. Economía política y administración de empresas en la industria mexicana de las drogas, p. 414).

¹² “[U]n clima propicio cálido-húmedo, un relieve que dificulta la vigilancia y un régimen comunal de propiedad agraria que torna difusos los controles, todas las condiciones favorables a los cultivos ilícitos parecen converger y reunirse en las serranías de Guerrero.” (cf. Gaussens, op. cit., p. 54.)

¹³ Cf. Gaussens, 2018; Orraca, 2012; Mora, 2013.

¹⁴ Orraca, 2012, Ejército, subjetividades y memoria colectiva en Ayutla de los Libres, Guerrero, p.109.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Mora, 2013, La criminalización de la pobreza y los efectos estatales de seguridad neoliberal: reflexiones desde la Montaña, Guerrero, pp. 179-180.

¹⁷ Gaussens, op. cit., p. 36.

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