Desde finales del siglo pasado, los países han aumentado el número de políticas públicas encaminadas a atender problemas ambientales como el cambio climático, y hacia la sostenibilidad.

Los compromisos del Acuerdo de París de 2015 se vieron reforzados con la firma de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que los países del mundo asumieron 17 Objetivos (ODS) que incluyen la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y su impacto.

El European Green Deal de 2019 busca transformar a la UE en una sociedad con una economía eficiente en el uso de los recursos, en la que se proyecta que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. El pacto incluye acciones sobre energía limpia, una estrategia industrial y la ecologización de la política agrícola (Comisión Europea).

Estos cambios implican un aumento de los controles para garantizar que los proyectos, productivos y de infraestructura, tanto públicos como privados, consideren la sostenibilidad y minimicen los impactos ambientales adversos.

Ya desde 1995, en el XV Congreso de la INTOSAI en el Cairo, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) comenzaron la labor de incluir, en su metodología aprobada, a la auditoría ambiental. Se determinó que el Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente (WGEA) desarrollaría las guías que contuvieran las directrices y metodologías para desarrollar auditorías ambientales en la esfera gubernamental (GUID 5200, 5201, 5202 y 5203).

Con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015-2030) se ampliaron los compromisos en torno al medio ambiente (ODS 13, 14 y 15), y se introdujeron otros temas sociales, productivos y de energía relacionándolos con la urgencia de la racionalidad ambiental. Entre otros:

  • avanzar en la sostenibilidad de la producción de alimentos (ODS 2),
  • aumentar la proporción de energía renovable (ODS 7),
  • modernizar infraestructuras e industrias para que sean sostenibles, promoviendo la adopción de tecnologías y procesos ambientalmente racionales (ODS 9),
  • garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, incluida la adquisición pública sostenible (ODS 12).

Las EFS adquirieron un fuerte compromiso: la revisión del ejercicio del gasto; la auditoría del cumplimiento de contratos energéticos; la comprobación de la regularidad en obras de infraestructura, entre otros, habrán de complementarse con auditorías de desempeño que permiten conocer si se están alcanzando los objetivos y metas ambientales, si se procura la opción más sostenible, si se mejora en el problema de cambio climático, y si los proyectos de infraestructura incluyen un análisis de impacto ambiental.

Los acuerdos que se suscriban para atender los escollos ambientales actuales y que busquen prevenir desastres futuros, deben revisarse con auditorías de desempeño, de cumplimiento y financieras, que sirven para sancionar incumplimientos, nutrir los debates legislativos y construir mejores políticas públicas.

En un entorno cambiante, la realidad conmina a las EFS a evaluar si sus sociedades van en camino hacia la neutralidad respecto del impacto en el cambio climático, y hacia la sostenibilidad, con un uso más eficaz y eficiente de los recursos.