Constantino vive en una cabaña al norte de Quintana Roo, rodeado de una muralla verde, una selva de lianas y troncos anchos que se alzan más de cinco, seis metros. De 31 años e hijo de agricultor, desde mayo de 2020 es beneficiario, como sus dos hermanos, del programa Sembrando Vida. Charlando sobre el programa, tras aclararle que no saldrá su nombre real, comenta:

“Nosotros tuvimos que tirar una parte de árboles para entrar. Nos hacía falta una hectárea para milpa y otra hectárea y media para plantar árboles, son terrenos selváticos”.

"Nosotros tuvimos que tirar una parte de árboles para entrar".

Esta zona está catalogada como Selva en los mapas oficiales y hay 23 parcelas del programa Sembrando Vida. Desde la llegada del programa han desaparecido 35 hectáreas de cobertura selvática; una deforestación de 1.5 hectáreas, unos dos campos de fútbol, por cada parcela.

No es un caso único. EL UNIVERSAL obtuvo la localización exacta de 5 mil 142 parcelas de las 10 mil que hay inscritas al programa en Quintana Roo y las cruzó con el mapa de usos de suelo del INEGI. ¿El resultado? Casi la mitad, 2 mil 426 parcelas en zonas catalogadas como "selva", mientras que 2 mil 651 están en "pastizales" y "zonas agrícolas temporales", lo que lleva a un aumento de la frontera agraria: el espacio que los humanos arrebatamos a la naturaleza.

Se analizaron todas las parcelas usando fotos satélite de los últimos cuatro años, y se observó que en al menos mil 032 de esos puntos hay evidencia de deforestación y pérdida de cubierta forestal para poder ingresar y cobrar en Sembrando Vida. El programa entrega 5 mil pesos al mes a pequeños campesinos en municipios con rezago social para que cultiven milpa y planten árboles frutales y maderables en dos hectáreas y media de terreno.

“La idea que nos han dicho los técnicos es plantar mil 500 árboles maderables en la hectárea y media y mil de frutales en la hectárea de milpa. De lo que hemos plantado se habrá muerto como el 20%. Yo aún no he tenido cosecha, sembrar maíz en esta tierra es difícil, no engancha bien, pero es lo que nos piden”, y finaliza Constantino, “nos han dicho que en el programa vamos a estar hasta 2024, luego ya cada uno verá si le interesa seguir o no”.

"Yo aún no he tenido cosecha, sembrar maíz en esta tierra es difícil".

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales describe el cambio de uso de suelo como cambiar y degradar vegetación para convertir los terrenos forestales a usos, como potreros o campos de cultivo. Para Greenpeace es la principal causa de deforestación en México. La Selva Maya, en la península de Yucatán, es el bosque más extenso de Mesoamérica y el pulmón de México.

Sembrando Vida es uno de los programas estrella de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dependiente de la Secretaría de Bienestar, la antigua Secretaría de Desarrollo Social, está presente en 20 estados de la república mexicana. Días antes de la publicación se preguntó a la Secretaría por los diversos hallazgos, pero a cierre de edición no habían contestado.

Cada mes, Sembrando Vida entrega 4 mil 500 pesos y guarda los 500 restantes como ahorro para el sembrador. El programa tiene fecha de caducidad: la salida de López Obrador del Gobierno, cuando entregarán ese ahorro acumulado mes a mes a los 440 mil beneficiarios. El requisito principal es vivir en un municipio con rezago social y ser propietario o tener arrendadas 2.5 hectáreas de terreno que estén abandonadas, con suelos degradados o sean antiguos potreros o milpas.

López Obrador lo ha presumido varias veces como “el programa de reforestación más grande del mundo” , usándolo como escudo cuando le critican por sus recortes a los organismos ambientales. Al frente está Javier May, un tabasqueño que lleva acompañando a Obrador desde los 90 y secretario de Bienestar tras el traslado de María Luisa Albores a Medio Ambiente en septiembre de 2020. May y Albores tuvieron una pelea pública por el control de Sembrando Vida en marzo de ese año.

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Unos kilómetros más cerca de la carretera principal que conecta Cancún con Valladolid, Alberto descansa en una silla de plástico. Tiene 45 años y es beneficiario de primera hornada. Con 56 inscritos de unas 200 familias, Sembrando Vida es el mayor empleador de su comunidad.

Él y otros sembradores han tenido amenazas de expulsión por parte de los técnicos del programa. “Llegó la bióloga, nos dijo que había ocurrido un cambio político y que había que subir de mil 800 a 2 mil 500 plantas... Nos dicen hagan esto, hagan lo otro... y que, si no podemos hacerlo, 'hay mucha otra gente interesada en el programa'”.

"Los biólogos llegan
y nos dicen hagan esto,
hagan lo otro, y nunca
nos preguntan si podemos".

Alberto, como el resto de sembradores entrevistados, está contento con el programa. Milpero desde hace ya más de 20 años, por primera vez tiene un jornal fijo. Sabe que Sembrando Vida se acaba en menos de cinco años y, aunque le gustaría seguir después, reconoce que será difícil sin esos 5 mil pesos mensuales.

“Bueno, nos han dicho que a lo mejor el Gobierno entrante sigue con el programa y que cuando se acabe nos van a dar el ahorro de 500 pesos mensuales”, hace un cálculo rápido, “más de 30 mil pesos...”. Cuando México tenga que elegir a su próximo presidente, Sembrando Vida repartirá decenas de miles de pesos a 440 mil familias por todo el país.

Tras el anuncio del programa en octubre de 2018, diversas organizaciones ambientales y de silvicultura lo analizaron. Una de ellas fue el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, señalando que lo habitual es que “los proyectos sean abandonados una vez concluido el flujo de recursos y el acompañamiento”.

En el apartado “Riesgos de Deforestación”, advierten que aunque “el programa establece claramente que se aplicará en terrenos degradados”, por “la falta de un inventario nacional de este tipo de terrenos en los padrones y sin mecanismos de control, se corre el riesgo de inducción de la deforestación”.

La ubicación de las parcelas de Sembrando Vida es uno de los secretos mejor guardados por la Secretaría de Bienestar. Esa caja fuerte, cerrada a cal y canto, fue el gran obstáculo con el que se topó la división mexicana del World Resources Institute cuando se acercaron a la Secretaría para ayudarles a evaluar el programa desde un punto de vista ambiental. Esta institución desarrolló en 2014 la herramienta Global Forest Watch, que permite medir la deforestación casi en tiempo real.

“Nos reunimos con la Secretaría para buscar esos indicadores y les propusimos evaluar la parte medioambiental combinando monitoreo satelital y gente en campo”, explican al alimón Javier Warman y Iván Zuñiga, director y gerente del área de Bosques del Instituto, “una de nuestras primeras solicitudes fue tener acceso a las parcelas donde se estaba realizando el programa. Primero dijeron que sí y luego se retractaron. Ahí se cortó la comunicación con la Secretaría”.

"No es un programa ambiental, sus objetivos son sociales".

Al no poder hacer un análisis directo parcela a parcela, desarrollaron una metodología para observar sí la deforestación había crecido en los municipios donde se había implementado Sembrando Vida. Encontraron una correlación entre la llegada del programa y la pérdida de 72 mil hectáreas de coberturas forestales por todo México. Es importante recalcar que la correlación, dos variables relacionadas linealmente, no significa causalidad, que una sea el origen de la otra.

De 447 municipios analizados, 42 concentraron más de la mitad de 72 mil hectáreas, concretamente en Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz y Quintana Roo, y observaron que, a mayor concentración de beneficiarios, más pérdidas.

“Digamos que tengo mis hectáreas con vacas. Entonces meto mi parcela al programa y me llevo el ganado a otras hectáreas. O me falta media hectárea para entrar y entonces limpio bosque”, explican, “es lo que llamamos las fugas: al establecer un programa para evitar la deforestación, la agricultura y ganadería que se iba a realizar en esa zona simplemente se trasladan”.

Aunque desde la Secretaría de Bienestar digan lo contrario, en las reglas de operación de Sembrando Vida no existen criterios ambientales. Esto lo reconoce el propio Gobierno en el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, en el que se puede leer, como objetivos: “Incorporar criterios de cambio climático en la implementación del programa Sembrando Vida” e “Incluir en las actividades de capacitación el programa ‘Sembrando vida’ aspectos relacionados con el cambio climático”.

“No es un programa ambiental, sus objetivos son sociales: combate a la pobreza, seguridad alimentaria... para que esos árboles que plantan ahora tengan beneficios ambientales, deben pasar 30 años y el programa tiene una vida de seis...”, argumentan desde WRI, “la deforestación es una pérdida asociada a cumplir los otros objetivos que intentó evitarse en las reglas de operación pero que quizá en la implementación ocurrió”.

¿El motivo?

“Si hubieran dedicado unos meses a revisar los mapas y buscado una lógica territorial de dónde implementar y dónde no, la historia hubiese sido otra, pero la velocidad de implementación pudo llevar a que se perdieran coberturas y no se siguieran las reglas de operación como estaban escritas”.

Resumiendo: fueron las prisas por llegar a altos números en un programa terriblemente complejo.

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Recostado en su silla de plástico, Alberto cuenta que los técnicos de Sembrando Vida llevaron a su comunidad en noviembre de 2018, cuatro meses antes de que se publicaran sus reglas de operación en febrero de 2019.

“Nos dijeron que era una buena oportunidad, que daban 5 mil pesos al mes, pero que había que echarle ganas; y comenzaron a apuntar gente”, comenta. Desde el principio se dijo que harían falta dos hectáreas y media de terreno. “Aquí las parcelas estaban un poco selváticas; algunos tuvieron que tumbar árboles para entrar. Así fue”.

Esas prisas pueden verse en que, el primer año, el padrón de beneficiarios de Sembrando Vida es un galimatías. El mismo febrero que se publicaron las reglas ya cobraron del programa 54 mil personas, número que se triplicó en marzo de 2019, cuando había 150 mil beneficiarios, para volver a bajar a 47 mil en junio y subir de nuevo para los 224 mil en julio. Los estados que presentan esa montaña rusa de números son Campeche, Chiapas, Puebla, Tabasco y Veracruz.

De acuerdo a una solicitud de transparencia, no hay registro de que en 2019 se expulsase del programa a ningún beneficiario, pero en diciembre de ese año Javier May dijo que se determinó echar de Sembrando Vida a 17 mil personas “por no querer trabajar”. No se sabe qué mecanismo se usó para ello ni qué pasó con esas parcelas, que son 42 mil 500 hectáreas de terreno.

Más al sur, cercano a la turística Cobá, Fernando, taxista y agricultor, muestra su parcela. Asegura que era un antiguo potrero, donde antes pastaban unos borregos con los que se sacaba un extra. De 38 años, es el coordinador de su Comunidad de Aprendizaje Campesino, las unidades básicas de Sembrando Vida, que agrupan a 25 beneficiarios y gestionan en conjunto un vivero comunitario.

“Yo no tengo tierras, entonces el ejido me firmó un arrendamiento del terreno por cinco años”, cuenta. De los 440 mil beneficiarios que tiene el programa, 166 mil están en la misma situación que Fernando, con tierras arrendadas que podrían perder una vez acabe el programa.

“Lo bueno de Sembrando Vida es que es algo seguro para por lo menos los próximos cinco años, aunque sí está el peligro que una vez se acabe el dinero la gente vuelva a sus ocupaciones”, explica, “aquí los agricultores no llegaban a ganar esa cantidad al mes, puede que se llevaran mil pesos”.

Desde su inicio en 2019, Sembrando Vida ha tenido 71 mil millones de pesos para operar. En el mismo periodo, las dependencias del Gobierno Federal encargadas de conservación de los bosques, como son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal han recibido un total de 12 mil millones de pesos, con un recorte del 30% respecto a 2018.

Si se divide el presupuesto anual de Sembrando Vida por su millón 100 mil hectáreas, cada una tiene una dotación de 25 mil pesos al año; mientras, los Pagos por Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal conservan casi dos millones de hectáreas pagando a las comunidades entre mil y dos mil pesos al año por hectárea.

“Con los árboles maderables, una vez tengan 15 años, haremos madera con ellos. Y de los frutales la verdad no he calculado cuánto dinero vamos a sacar de ahí, pero creo que los podríamos vender en los restaurantes de Cobá”. Fernando, como casi todos los entrevistados, nunca había plantado ni trabajado árboles frutales.

Los encargados de guiar y ayudar a los beneficiarios son los técnicos productivos y sociales. Hay unas 2 mil 150 parejas y cada una se encarga de acompañar a ocho Comunidades de Aprendizaje Campesino, sobre 200 personas.

“Con los anteriores técnicos no nos llevamos muy bien. Nos obligaban a plantar cosas que no funcionaban, nos decían que teníamos que plantar cuando no era la temporada de lluvias y se morían las plantas; todo por cumplir con los planes de trabajo”, recuerda Fernando, una queja que se repite en varias partes. Tras un año en el que no avanzaron, protestaron y cambiaron a sus técnicos.

El plan de trabajo son las instrucciones que tiene que seguir cada beneficiario e incluye una serie de actividades y metas de plantación. En caso de no cumplir con al menos el 80% de las actividades registradas en él, el sembrador es sancionado. Sembrando Vida usa un sistema de tres strikes: primero se amonesta, luego se suspende el pago un mes y si se reincide una tercera vez se expulsa.

La Auditoría Superior de la Federación realizó una evaluación al programa para la Cuenta Pública del año 2019, con un muestreo al azar de 2 mil 667 expedientes de sembradores. Encontró que en un 25% no se contaba con Plan de Trabajo y que en otro 25% no había registro de que se hubiese realizado las actividades suficientes para ameritar el pago. De acuerdo a una solicitud de transparencia, en los tres años que lleva Sembrando Vida, se ha amonestado a 35 mil beneficiarios, suspendido el pago a 6 mil 900 y expulsado solo a mil 867.

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A sus 68 años, Javier ya debería estar jubilado. Se le ve mayor, con un derrame en el ojo derecho y un bigotito ralo y cano. Se cambia la camisa, empapada del sudor del trabajo de campo. En su parcela le ayudan sus hijos, en una comunidad del centro de Quintana Roo.

Para llegar a su casa hay que atravesar los infinitos campos de granos que los menonitas cultivan, para los que hace años tuvieron que deforestar cientos de hectáreas de la Selva Maya. La secretaría de Medio Ambiente y ex secretaría de Bienestar, María Luis Arbones, ha acusado a los menonitas de estar detrás de la deforestación que se achaca a Sembrando Vida.

La puesta en marcha del programa no ha detenido ni un poquito la deforestación en México. De acuerdo a datos de Global Forest Watch, en 2017 y 2018 se perdieron en todo el país, 666 mil hectáreas, menos que las 760 mil de 2019 y 2020. En Quintana Roo estas cifras son 60 mil frente a 110 mil.

En el pueblo de Javier más de la mitad de las familias están dentro del programa. Él tiene una hectárea y media para frutales y otra hectárea de reforestación. Asegura que sus terrenos eran potreros abandonados. Les advirtieron que solo podían entrar terrenos que fueran acahual bajo.

¿Qué es un acahual bajo?

“Pues tiene que tener menos de dos años de crecimiento y los árboles no pueden superar los dos metros de alto ni los 10 centímetros de ancho”, describe. Es de los pocos sembradores con experiencia en frutales, concretamente unas 60 matas de mandarinas y naranjas. “Nunca nos ha rendido mucho, es más bien un apoyito”.

Los arboles frutales "nunca nos han rendido mucho".

Le preocupa que en cinco años se acaba el dinero del programa y sabe que una parte de los frutales que están plantando no van a producir hasta más tarde. Los técnicos les han dicho que, quizá, quien suceda a Obrador continúe con Sembrando Vida.

Los técnicos en Sembrando Vida tienen la facultad más importante del programa: abrir y cerrar el grifo del dinero. Ellos deciden a quién proponen para ser un beneficiario, certifican que las hectáreas cumplen con las condiciones y son quienes pueden amonestar o expulsar a los sembradores. Un estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas explica que con la estructura tan vertical del programa este gran poder no conlleva una gran responsabilidad: no hay una fiscalización de su desempeño.

“Los técnicos tienen mucho poder y no hay claridad en torno a sus indicadores, no saben qué quieren alcanzar ni cómo supervisan ni cómo se comprueba que hacen bien su trabajo”, ahonda Laure Delalande, directora de Innovación y Desarrollo Sostenible en Ethos.

Varias investigaciones han documentado irregularidades. EL UNIVERSAL publicó hace año y medio como beneficiarios en diversos estados denunciaban que sus técnicos les pedían moches de entre 100 y 200 pesos al mes; y en la revista Proceso se contó la historia de un grupo de técnicos en Veracruz que amenazaron a sembradores con expulsarlos si no compraban sus plantas y herramientas con proveedores de su elección.

“Es un programa sin visión a mediano y largo plazo. Se supone que una vez que haya sistemas agroforestales establecidos, la gente comenzará a tener ingresos y mejorará su calidad de vida; pero no hay indicadores ni de en cuánto tiempo va a pasar ni de cuánto van a rendir ni que resultados deberías tener...”, y finaliza Delalande, “el programa puede tener muy buenas intenciones, pero ponerse a arrancar tan rápido algo tan complejo y sin comprobar es la manera más segura de irse al fracaso”.

“Es un programa sin visión a mediano y largo plazo”.

El primer año de Sembrando Vida fue, en el mejor de los casos, un aprendizaje tremendamente costoso para el erario público: 15 mil millones de pesos. Los propios informes del comité técnico lo dejan negro sobre blanco, debatiendo sobre problemas como falta de plantas, de herramientas y materiales; así como técnicos y beneficiarios que no trabajan y para los que no existe un mecanismo de expulsión.

En 2019, el objetivo de la Secretaría de Bienestar era cosechar 575 millones de plantas y árboles. Sólo se lograron 80 millones. A junio de 2021 había en todas las parcelas 451 millones de plantas. López Obrador ha establecido la meta de mil cien millones de árboles.

Heber Uc, de la comunidad maya de Nuevo Jerusalén y miembro del Colectivo de Semillas Much' Kanan I'naj, ve en ese mediano y largo plazo otra gran debilidad, cuando los árboles comiencen a dar frutos y todas las familias tengan para vender lo mismo.

“¿Va el Estado a hacerse cargo de la producción? No hay un planteamiento de hacia dónde van. Cuando se trajo el programa a las asambleas, se dio una información muy ambigua, solo centrada en lo económico. Cuando se acabe el dinero, las parcelas pierden sentido y la gente las dejará”, y teoriza, “es un programa de control político como los de antes, con la misma lógica de generar capital social para las próximas elecciones”.

Al norte de Quintana Roo, Luis, hijo de un beneficiario de Sembrando Vida, pasea la parcela que trabaja para su padre. “Nunca habíamos tenido tanto dinero como ahora”, reconoce, “y todo gracias a él, al abuelito, y su programa”. Cuando habla, parece que es López Obrador quien deposita directamente.

Asegura que ellos no han deforestado, aunque por su parcela se ven restos de troncos quemados y arrancados. A finales de 2018, las imágenes satelitales muestran que por donde camina, había árboles grandes y verdes, como la muralla verde, una selva de lianas, plantas, troncos blancos y anchos, que se alzan cinco, seis metros, pegada a la linde.