La relación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Desarrollo Social en busca del bienestar social de la población más vulnerable

La LDRS tiene como principal objetivo la transformación social y económica con mejoramiento sustentable de las condiciones de vida de la población rural, lo cual no se ha podido lograr en más de 18 años de vigencia. El Programa Especial Concurrente (PEC) no ha logrado la sinergia ni concurrencia como el eje transversal para el desarrollo rural sustentable: los programas operan de manera desarticulada y dispersa, dan cuenta de los resultados a la dependencia que pertenecen y no se vislumbran como parte de un paquete de políticas para el desarrollo rural, por lo que han operado aisladas y, como lo hemos visto, sin impacto social.

El PEC ha funcionado como una bolsa que contiene una serie de programas que da cumplimiento a los ordenamientos del desarrollo rural, otorgando una sumatoria de recursos financieros, aunque no integra a la política por el desarrollo rural sustentable.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) señala que, para llegar al bienestar, se requerirá una participación de todos los sectores de la sociedad con una visión de política social como garante de derechos inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un ordenamiento jurídico con una esencia de justicia social en sus artículos 2o, 3o, 4o y 123. Hace un reconocimiento al acceso a derechos como mínimos indispensables para lograr la dignidad y autonomía que también contempla la carta magna: el derecho primigenio, el de la alimentación, junto con los de salud, trabajo, educación, vivienda, medio ambiente sano, seguridad social, que, entre otros, nos permiten llegar a ser dignos y autónomos.

Además del reconocimiento a los derechos sociales en México, el PND está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible como factor indispensable del bienestar, al definirlo como la “satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”, también señala, que “se tienen que realizar mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben de ser aplicados en el presente para garantizar un futuro”. En México estamos viviendo presiones hídricas, la pérdida de biodiversidad y el alto costo ambiental, por tal motivo se requieren prácticas sustentables en la cadena de la producción al consumo.