COMUNICADO DE PRENSA SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, concluyó con el análisis de la controversia constitucional promovida por el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, y decidió reconocer la validez del acto consistente en las órdenes del Ejecutivo Federal de disponer del agua almacenada en la presa “La Boquilla”, en tanto que el sexto párrafo del artículo 4 de la Constitución General hace referencia a la “gestión de aguas”, lo cual no equivale a la administración de las aguas nacionales establecida en el artículo 27 constitucional, de ahí que la disposición de recursos hídricos para dar cumplimiento a un tratado internacional es un acto concreto de dominio sobre dichas aguas, que es una atribución exclusiva del Ejecutivo, por lo que no requiere participación de las autoridades estatales o municipales para ser tomada ni ejecutada.
En la sesión pasada, la SCJN determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, constitucional, en relación con el tercer transitorio del decreto que dio origen a dicha disposición, publicado el 8 de febrero de 2012. Además, en esa misma sesión determinó sobreseer en la controversia constitucional respecto de: i) la omisión de reglamentar adecuadamente la Ley de Aguas Nacionales; ii) el Acuerdo de inicio de emergencia por sequía para dos mil veinte; y, iii) la utilización de la Guardia Nacional para disponer de las aguas de la presa “La Boquilla”.
En consecuencia, como parte de los efectos, la SCJN conminó al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Aguas durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Por último, el Pleno reiteró las decisiones antes precisadas al resolver las controversias constitucionales promovidas por los municipios de Aquiles Serdán, Namiquipa, Manuel Benavides, Balleza, Huejotitán y Buenaventura, todos del Estado de Chihuahua.
Controversias constitucionales 56/2020, promovida por el Municipio de Cusihuiriachi; 61/2020, promovida por el Municipio de Aquiles Serdán; 79/2020, promovida por el Municipio de Namiquipa; 70/2020, promovida por el Municipio de Manuel Benavides; 78/2020, promovida por el Municipio de Balleza; 115/2020, promovida por el Municipio de Huejotitán y 116/2020, promovida por el Municipio de Buenaventura, todos del Estado de Chihuahua, en contra del Congreso de la Unión y otra autoridad.
Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.
SCJN DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OMISIÓN DE EMITIR LA LEY GENERAL DE AGUAS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución general, en relación con el tercer transitorio del decreto que dio origen a dicha disposición, publicado el 8 de febrero de 2012.
El Pleno señaló que dicha omisión vulnera las atribuciones constitucionales del municipio en materia de aguas, pues afecta su participación en el acceso y uso sustentable de los recursos hídricos y su facultad de proveer a su población los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales.
Por otra parte, se determinó sobreseer en la controversia constitucional por lo que respecta a: i) la omisión de reglamentar adecuadamente la Ley de Aguas Nacionales, al haberse invocado únicamente violaciones indirectas a la Constitución; ii) el Acuerdo de inicio de emergencia por sequía para dos mil veinte y iii) la utilización de la Guardia Nacional para disponer de las aguas de la presa “La Boquilla”, en virtud de que no se formularon conceptos de invalidez en su contra.
La discusión de esta controversia continuará durante la próxima sesión del Tribunal Pleno de la SCJN.
Controversia constitucional 56/2020, promovida por el Municipio de Cusihuiriachi, Estado de Chihuahua, en contra del Congreso de la Unión y otra autoridad.
