Apenas hace unos días se volvía viral la noticia de la filtración de audios del Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, en los que se le escucha un tanto frustrado y molesto porque la 4T no es tan ambientalista como él imaginaba. Al parecer tiraba la toalla frente a un gabinete que no le interesa el medio ambiente. Por otro lado, apenas hace dos meses, un grupo de ambientalistas, funcionarios, expertos, científicos, artistas e influencers coincidieron en una campaña espontánea y honesta en redes sociales para tratar de salvar a la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) de los recortes derivados del decreto de austeridad por la crisis del covid-19.
En esas fechas, Toledo todavía estaba convencido de que todo iba de maravilla y la caída presupuestal estaba bajo control. En ese contexto, este grupo plural de distintas personalidades se unió para hacer un llamado a las autoridades para tratar de #SalvarALaConanp y excluirla de los recortes presupuestales a la operación de las áreas naturales protegidas (ANP), ya de por sí inmersas en una apretada situación presupuestal que se acentuó con la crisis sanitaria.
La petición era muy concreta y tuvo cierta trascendencia, pues se llevó a cabo una serie de reuniones entre distintos funcionarios del gobierno y grupos que manifestaron su inconformidad con el decreto de austeridad. El propio comisionado de la Conanp aseguró que los recursos para la operación de las ANP estaban garantizados, al menos, para este año… lo que nos dejó una gran duda: ¿y el próximo año qué va a pasar? ¿Y los siguientes años? ¿Acaso planean más allá de un par de meses?
Las ANP son territorios vitales para la supervivencia de numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas, además de las poblaciones indígenas que las habitan; pero si tuviéramos un poco de conciencia sobre su papel fundamental en numerosos procesos naturales, serían consideradas territorios de seguridad nacional, mucho más relevantes que las refinerías, los trenes o los aeropuertos sobre aeropuertos; no obstante, como ya se percató el secretario Toledo, no se ven señales claras de que tengan un lugar importante en este proyecto de gobierno.
Por otro lado, en esas mismas fechas, un total de 17 puntos de acuerdo (7 de diputados, 10 de senadores) se presentaron en ambas cámaras por parte de legisladores de todos los partidos, que buscaban hacer los respectivos llamados al Ejecutivo federal para salvar a la Conanp de los severos recortes y garantizar los recursos necesarios para preservar las ANP del país como áreas de gran trascendencia para la sobrevivencia de las especies. Desde 2015, el sector ambiental ha perdido, aproximadamente, el 63% de su presupuesto, y no se percibe que esta tendencia se vaya a revertir en el futuro próximo.
Por lo visto, nos gusta nadar a contracorriente. Esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones: una de ellas es que el medio ambiente es un actor central en las estrategias para minimizar los impactos de posibles epidemias y desastres naturales; es una suerte de manto protector ante posibles amenazas de virus y otras posibles amenazas ambientales. Algo nos debería quedar claro: la protección del medio ambiente debería estar en el centro de las políticas públicas, desde la política social hasta la energética, desde el océano hasta las selvas tropicales.
En ese sentido, hay una serie de iniciativas para reformas de ley desde el Legislativo (ante el pasmo del Ejecutivo). Éstas se han desarrollado en colaboración con varias organizaciones ambientales comprometidas con el futuro del país que proponen nuevas formas para recaudar recursos que puedan ser destinados a la administración, conservación y protección de las ANP. Si el tema de fondo es que no hay recursos, estas agrupaciones buscan formas creativas de canalizar recursos y de recuperar otros tantos millones (de las multas a sanciones ambientales) que puedan inyectarse directamente a las ANP.
No parece tan difícil cumplir la LGEEPA (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente), donde se señala que las multas se integrarán en un fondo para los programas de inspección y vigilancia; además de formar otro fondo con los pagos por derecho de entrada a las ANP que pueda usarse exclusivamente en su manejo y conservación; también se habla de garantizar un presupuesto mínimo para cada kilómetro cuadrado de ANP en todo el país, ya que se siguen nombrando más áreas naturales protegidas, pero el presupuesto se reduce año con año. Por último, existe un pasaporte anual de acceso a las ANP del país que podría aumentarse un poco el monto de derechos y difundirse efectivamente para que todos los mexicanos conozcan sus ANP. De esta forma no sólo se incentiva el ecoturismo y se recuperan las áreas naturales, también se protege a las comunidades que habitan en esas zonas.
Quizá sólo falta identificar la forma en que las empresas también puedan colaborar en este esquema y aportar fondos, recursos y donativos a las ANP del país, buscando replicar los casos exitosos en donde algunas empresas turísticas, el gobierno y la sociedad civil organizada confluyen para contribuir significativamente a su conservación y manejo. No es tan difícil pensar en mecanismos de política pública que ofrezcan una solución ganar-ganar para todos los actores involucrados, sólo faltaría la “voluntad política”.
Si no es este secretario, alguien dentro del gobierno podría ponerse la pila y pensar en la agenda ambiental en el entorno global actual, en donde las amenazas ambientales, la probabilidad de nuevas pandemias, el incremento de la temperatura de los océanos, nos ponen la cuenta regresiva sobre las soluciones para salvar a la humanidad de la extinción global que se avecina. Si no hacemos algo hoy, no mañana, ese Tren Maya no llegará a ningún lado porque no habrá nada que ver ni nada que visitar.
