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No hay otro tema de mayor trascendencia en la agenda ambiental y de sustentabilidad en México que la conservación de la biodiversidad. Y el instrumento crucial para lograrlo son nuestras áreas naturales protegidas (ANP); entre ellas, Parques Nacionales y reservas de la biósfera. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) debiera ser de las joyas más preciadas de una administración pública responsable y visionaria. No lo es; languidece en la inercia y sin proyecto, en el desván presupuestario de la Semarnat (recibe sólo 2% del presupuesto de esa secretaría) y en la precariedad extrema en cuanto a personal y equipamiento. Y ahora sólo es leña para paliar entuertos fiscales del gobierno. Como país, debería de avergonzarnos.
La Conanp tiene a su cargo más de 12% del territorio nacional terrestre, y algo así como 2% marino, ostentando México uno de los acervos de riqueza biológica más grandes del planeta. Son tierras en su abrumadora mayoría privadas (ejidales, comunales, individuales), ya que el Estado dilapidó su patrimonio territorial durante la Reforma Agraria. Ahí, hay fuertes presiones, y conservar la biodiversidad es particularmente desafiante dado que los intereses privados (legítimos o no) se contraponen frecuentemente a los intereses públicos. Existe el compromiso y necesidad imperiosa de incrementar considerablemente la superficie protegida. No obstante, en los últimos años se ha estancado al apagarse en el gobierno el ímpetu de creación de nuevas ANP. Se ha perdido la oportunidad de convertir a las ANP en plataforma de desarrollo regional a través del ecoturismo, como ocurre en otros países, y en lo que México observa carencias casi absolutas.
Conanp no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. Hay apenas 500 guardaparques; uno por cada 58,000 hectáreas, quienes debieran ser pilares institucionales de la conservación. Pero son eventuales y con salarios indignos, sin seguridad en el empleo, y sin un sistema de formación académica y profesional para ellos. Carecen de facultades reales de vigilancia y operan sin equipo necesario. Peor, los están corriendo. La vigilancia es virtual, ya que no hay un cuerpo de Policía Federal o Gendarmería especializado en ANP (como en países civilizados), a pesar de que sus escasos visitantes son víctimas de delincuentes, mientras campea en ellas el crimen organizado. El gobierno ha optado por promover riesgosas e ineficaces “autodefensas” (comités) ejidales de vigilancia. Ante la penuria presupuestal, gran parte de los funcionarios y técnicos de la Conanp y muchos de sus programas se pagan con limosnas; sí, con donativos de entidades extranjeras a México, la onceava economía más grande del mundo. Bochornoso.
A través de la Conanp, el gobierno asigna sólo 45 pesos anuales por hectárea a la conservación. En contraste, el mismo gobierno concede más de 1,000 pesos por hectárea a tierras agrícolas, incluso promoviendo la deforestación (Procampo/Proagro). Menos de 10% de las ANP tiene un monitoreo con percepción remota sobre la evolución de su cobertura vegetal en los últimos años, no sabemos qué ocurre en el resto. Tampoco hay un esquema de suministro continuo de imágenes satelitales Landsat y Spot. Se han expropiado algunas tierras en ANP, y la mayor parte de ellas no se ha pagado a los dueños; han quedado en el limbo.
No existe un programa de compra o expropiaciones pactadas de tierras en ANP para restituir a la sociedad la propiedad pública en zonas estratégicas y garantizar su conservación a perpetuidad (como ocurre en países civilizados, donde los parques nacionales y otras ANP son propiedad del Estado). Siendo el cobro de derechos de entrada y uso de ANP muy poco significativo (70 millones de pesos anuales), todavía la SHCP lo escamotea y retiene en vez de restituirlos automáticamente a la Conanp. Oprobioso.
