CIUDAD DE MÉXICO.- El ecocidio en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales denunciado desde mediados de enero por ejidatarios de la Unión de Corrientes en Tuxpan, Nayarit, se concretó a pesar de que la Profepa acompañada del Ministerio Público Federal, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional, colocó el 4 de febrero sellos de clausura en el terreno de 30 hectáreas, donde fue talado de manera ilegal mangle blanco (Laguncularia racemosa), especie catalogada como “Amenazada” en la Norma Oficial Mexicana 059.
De acuerdo con fotografías y videos difundidos por habitantes de la localidad, los trabajos con maquinaria pesada continuaron durante marzo y abril con total impunidad, al grado de que el terreno ya inundado y con bordos, opera actualmente como granja acuícola sembrada con larva de camarón.
Aunado a que la Fiscalía General de la República (FGR), informó a Excélsior que por este caso se había iniciado una carpeta de investigación por delitos contra la biodiversidad, previstos y sancionados por el artículo 420 BIS del Código Penal Federal, en la Agencia del Ministerio Público, ubicada en el municipio de Acaponeta, con fecha del 31 de enero de 2021.
A decir de los ejidatarios que presentaron la denuncia, no hubo seguimiento, nadie los contactó ni les informó nada sobre los avances en las investigaciones, por lo que consideran que las autoridades “sólo hicieron la faramalla”, porque al final los que talaron el manglar sin autorización se salieron con la suya. Ante esta situación y en el marco del Día Mundial de la Tierra, hicieron un llamado a la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera, para que los reciba en sus oficinas de la Ciudad de México, con el fin de exponerle a detalle la situación que se vive en Marismas Nacionales, ya que el mayor temor que tienen es que este antecedente sirva para que más personas intenten construir granjas acuícolas devastando el manglar que sirve como refugio de jaguares, caimanes, venados y aves migratorias.
Señalaron que es necesario que la procuradora ordene una auditoría a la Delegación en Nayarit, porque hay claros visos de corrupción en este asunto, donde los inspectores federales se hicieron de la “vista gorda” ante los delitos cometidos contra el medio ambiente.
