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DANIEL FLORES MEZA. LA JORNADA DE ORIENTE PUEBLA.
La liberalización del comercio alimentario por parte de la OMC y sus políticas económicas de ajuste estructural, ha globalizado el hambre y la pobreza en el mundo, y están destruyendo la capacidad productiva local, las sociedades rurales y su entorno.
La liberalización descontrolada del comercio y en particular de los alimentos, se constituye como la principal fuerza que ha conducido y sigue conduciendo a los agricultores, campesinos, indígenas y familias rurales a abandonar sus tierras y/o malbaratarlas en manos abusivas de acaparadores inversionistas; lo cual conforma el principal obstáculo al desarrollo armónico local económico, social y humano. El escenario actual es muy complicado: predomina el deterioro acelerado de los recursos naturales, amenazas, abandono, migración, desintegración familiar, hambre y miseria; por lo tanto, los alimentos deben excluirse o en su caso revisar su posicionamiento ante los acuerdos comerciales con la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), otros acuerdos regionales y bilaterales como el más reciente y agresivo Tratado del Transpacífico (TPP) donde siempre se sobrepone el pez gordo a los débiles, o simplemente como dice el viejo refrán “el que tiene más saliva, traga más pinole”.
Los alimentos no deben verse solo como mercancía, sino como un derecho por la vida; por tanto, la agricultura debe tornarse en una actividad privilegiada y humana en el uso del suelo, el agua y sus insumos, muy por encima de asentamientos de desarrollos inmobiliarios desordenados, industriales, y mineros voraces que ocupan y desplazan espacios para la producción de granos, frutas, hortalizas y ganado para la producción de leche, carne y huevo. La expedición indiscriminada e irracional de licencias de uso de suelo, necesariamente se acompaña de un ambiente solapado por la amenaza, el chantaje, el despojo, la corrupción y la impunidad.
La población mundial está creciendo a ritmos acelerados, misma que está demandando cada vez más volúmenes de alimentos, agua y servicios; pero a la vez, exige un manejo sostenible de todos los recursos. Se dice que la demanda de alimentos y materias primas está creciendo desproporcionadamente a la disponibilidad de insumos para la agricultura, la ganadería y la acuacultura, si a eso se le agrega que el mercado de los alimentos principalmente granos, oleaginosas, y los agroinsumos (semillas, fertilizantes, pesticidas, equipo y maquinaria) en el mundo, está dominado por grandes corporativos multinacionales; asimismo, el comercio de las semillas y tecnologías (Organismos Genéticamente Modificados) está en manos de grandes consorcios internacionales y dueños de las patentes del material genético; más bien, son estos megaconsorcios los que regulan y especulan los alimentos, que a menudo pueden tornanse en instrumentos de presión internacional o armas de dominio para someter a otros países. “En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto para satisfacer la avaricia de algunos” (Mahatma Gandhi).
La agricultura industrial es un modelo impulsado por las políticas neoliberales y su motor explicito o implícito son los agronegocios (Toledo, V.M. 2015) bajo este modelo en decadencia, se conforma una cadena de producción, distribución y abasto de alimentos a cargo de las multinacionales; por otro lado, el suministro y dominio del mercado de agroinsumos también a cargo de los grandes corporativos, trayendo consigo el agotamiento y contaminación agresiva de los suelos, contaminación de los mantos acuíferos, deforestación brutal, daño a la biodiversidad y a la capacidad productiva local, versus el modelo de agricultura tradicional, campesina o familiar definida por sus características agrícolas propias y por representar una forma de vida vinculada a la tierra, al territorio, que respeta el medio ambiente, protege la biodiversidad, preserva las tradiciones y fomenta el desarrollo sostenible; ésta ha logrado preservarse desde siempre y seguirá manteniéndose a lo largo de los años por su propia naturaleza.
Si para alimentar a su población, una nación debe depender de los caprichos del mercado internacional o de la voluntad de una superpotencia, de la imprevisibilidad y los elevados costos de embarques, ese país no es libre; México no escapa de esta situación al depender de las importaciones de alimentos casi en 50 por ciento. Por tanto, la soberanía alimentaria sostiene que la alimentación de un pueblo es un tema de seguridad nacional, de soberanía nacional. Vía campesina, 2014 declara que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Por lo tanto, un país con autosuficiencia alimentaria protege y reglamenta su producción agropecuaria nacional y el mercado domestico a fin de alcanzar metas de desarrollo sostenible, e impide que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los desplazan perversamente y agresivamente mediante la práctica del “dumping”, socavando así a la agricultura nacional.
El 16 de octubre de 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); por lo que, el 16 de octubre de cada año, se conmemora el “Día Mundial de la Alimentación” y se escucha el repetido discurso solidario en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Contradictoriamente la cifra actual de personas que padecen hambre en el mundo ronda en los mil millones, escenario que resulta insultante y alarmante que conduce al borde de la muerte o aun peor, que mueren niños, mujeres y ancianos de los países pobres y en desarrollo que son los que más la padecen. México es parte de esas cifras con 24.6 millones de habitantes con pobreza alimentaria y que son parte de los 55 millones de pobres a nivel nacional (Coneval, 2014).
El campo mexicano es un sector estratégico para el desarrollo del país y es de interés público; por lo que, México tiene que considerar y revisar urgentemente los efectos de los tratados comerciales leoninos que han sido firmados con otras naciones y que han puesto en desventaja a la agricultura y a todo el sistema alimentario nacional. México tiene que mirar hacia el diseño y la puesta en marcha urgente de políticas sostenibles en el campo agropecuario, los bosques, los ríos, los mares y todo el sistema alimentario que impulsen la producción suficiente de alimentos inocuos, sanos, nutritivos, accesibles y asequibles para los todos los habitantes del campo y la ciudad, a fin de contribuir a un equilibrio armónico y feliz entre las familias y los recursos que la naturaleza nos proporciona.
*Renovación Perpetua, A.C.
